El 7 de abril de 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunió para discutir y resolver la acción de inconstitucionalidad número 64/2021 planteada por diversos integrantes del Senado de la República a fin de detener la reforma a distintas disposiciones contenidas en la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el actual presidente de la república, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, la cual potencia a la Comisión Federal de Electricidad para la generación y distribución de energía; y prioriza energías fósiles sobre renovables.
Fue la ministra Ortiz Ahlf la encargada de elaborar el proyecto correspondiente, formulado en el sentido de validar la reforma en cita, es decir, desestimando la acción planteada.
Durante la discusión del asunto, 7 de los 11 integrantes del Pleno posicionados contra la reforma, plantearon relevantes cuestiones relativas al respeto a los derechos humanos, así como temas en pro de las energías sustentables y del medio ambiente. No obstante, la propuesta de validez obtuvo 4 votos en favor por parte de las y los ministros, Esquivel Mossa, Gutiérrez Ortiz Mena, así como de la autora y el presidente Zaldívar Lelo de Larrea, lo suficiente para desestimar la acción planteada
Lo anterior ha derivado en una gran cantidad de comentarios de juristas y grupos expertos en el sector energético, de los cuales destacamos lo siguiente:
- Aún y cuando se haya declarado la validez de la ley impugnada, ésta no surtirá efectos sino hasta que la suspensión general decretada en diversos juicios de amparo promovidos en contra de dicha ley quede sin efectos.
- Ante tal declaratoria, se abre paso a las y los juzgadores federales para tramitar las más de dos mil demandas de amparo interpuestas y pendientes de resolver.
- En relación con el punto anterior, los argumentos de inconstitucionalidad de la ley formulados por los 7 integrantes de la Corte pronunciados contra el proyecto podrán servir como base argumentativa para resolver favorablemente las demandas de amparo.
- Igualmente, existe la posibilidad de que la constitucionalidad de la ley vuelva a ser estudiada por la Suprema Corte en vía de atracción debido a los juicios de amparo previamente interpuestos.
El Gobierno de México asegura una mejoría en la economía nacional con esta reforma, así como una reducción a los costos de los recibos de electricidad; no obstante, profesionales de la industria aseguran que esta reforma no refleja sino inestabilidad frente a nuestros socios comerciales, e inhibe la inversión extranjera.
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