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El Gobierno federal mexicano anunció la cancelación y recuperación de 1,126 concesiones mineras a nivel nacional, equivalentes a un total de 889,500 hectáreas, cancelación que forma parte de una política de ordenamiento del sector minero iniciada en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio fue realizado por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y detallado por José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía.
En el estado de Chihuahua se cancelaron o recuperaron 134 concesiones mineras, abarcando más de 34,000 hectáreas, posicionando a la entidad entre los estados con mayor número de títulos cancelados a nivel nacional, junto con Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas y Jalisco. Las causales principales de cancelación fueron (i) la falta de pago de derechos mineros durante dos años consecutivos, (ii) la omisión de informes técnicos y (iii) la ausencia de obras de exploración reportadas, requisitos legales mediante los cuales los concesionarios deben demostrar actividad real en los lotes mineros.
A nivel nacional, del total de concesiones recuperadas, 713 concesiones equivalentes a 250,000 hectáreas se encontraban ubicadas en áreas naturales protegidas. Según información oficial, aproximadamente 90% de las concesiones canceladas correspondían a personas que mantenían los títulos con fines especulativos, es decir, sin producción ni actividad productiva real, mientras que el 10% restante pertenecía a grandes corporativos con gran relevancia en el sector minero. Los territorios recuperados se concentran principalmente en los estados de Sonora, Durango y Coahuila, además del ya mencionado Chihuahua.
Aboitiz Saro subrayó que cuando no hay trabajos reportados, las concesiones suelen mantenerse con fines especulativos sin generar beneficio económico para el país, lo que justifica su cancelación conforme a derecho. El funcionario añadió que además de los procesos administrativos de cancelación, ha existido diálogo con empresas para devoluciones voluntarias, aunque estos casos representan una parte menor del total.
Este anuncio se produce días después de que México firmara con Estados Unidos un Plan de Acción sobre Minerales Estratégicos, lo que genera un contexto particular para la industria, tal y como habíamos analizado en notas previas, el Plan de Acción binacional plantea la identificación de minerales críticos específicos de interés común y el análisis de precios mínimos ajustados en frontera para importaciones, teniendo como telón de fondo la próxima revisión del T-MEC.
Para el sector minero mexicano, que opera actualmente más de 22,000 concesiones y genera según el sector privado una derrama económica cercana a 260,000 millones de pesos con más de tres millones de empleos directos e indirectos, esta política de cancelaciones representa un cambio significativo en la administración de títulos mineros.
Las empresas concesionarias deben asegurar el cumplimiento estricto de obligaciones legales: pago puntual de derechos mineros, presentación oportuna de informes técnicos y estadísticos, y demostración fehaciente de actividad productiva o de exploración en sus lotes. El incumplimiento de estas obligaciones durante dos años consecutivos constituye causal legal de cancelación del título.
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